Se sabe que las cárceles no cumplen con el rol por las cuáles fueron creadas. En Salta, la Alcaidía ni siquiera se acerca al Artículo 21 de la Constitución Provincial.

Hace unas semanas se filtró un relato desde la Alcaldía de Salta para ser publicado y cursado, en lo posible, a organismos de Derechos Humanos, para que den cuenta de las condiciones en las que sobreviven los sujetos privados de su libertad.

La Alcaidía General Nº 1, “fue inaugurada el 11 de septiembre de 2.006 y tiene capacidad de alojamiento para 300 personas de ambos sexos, cuenta con cuatro pabellones, uno disponible exclusivamente para mujeres”, detalla la web del Servicio Penitenciario Provincial de Salta, www.spps.gob.ar.

Para Pablo Alavila, titular de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, “las condiciones no son las ideales, y se aplican todo tipo de medidas que son supervisadas por el Poder Judicial, a través de una medida judicial concreta, que está en trámite, que es un Hábeas Corpus, que es colectivo- colectiva. Tenemos una situación particular en la Alcaidía General N1, donde la población supera los 600 internos y tiene una capacidad real de 350”. Hay hacinamiento.

Esta situación genera hambre e insalubridad, posibilitando que los reclusos pierdan, en algunos casos, la vida. “Están pasando hambre. Hace poco dejaron pasar comida porque se murió uno por mendigitis (sic), te tratan mal, los colchones están rotos, hay humedad, están todos amontonados, pero los pabellones de policías tienen tele y comida buena; y eso que algunos están por guasos”, relata en primera persona la familiar de un interno que se animó a dar testimonio.

Para el abogado Pedro Arancibia, “son diversos los factores que generan estas prácticas de maltrato hacia la persona detenida”, y se debe, según su perspectiva a “problemas de formación en las personas a cargo del cuidado en la detención de los procesados”, y es que claro, los condenados y procesados, conviven todo el tiempo, burlando el artículo 21 de la Constitución Provincial que indica que los detenidos “están separados de los procesados y éstos de los condenados. Los menores y mujeres son alojados en establecimientos separados”.

Allí, Arancibia, profundiza. “En primer lugar -deben  cuidar- la integridad física y síquica de las personas”. Por otra parte, aseguró que, “es evidente la superpoblación carcelaria que hay, y las malas condiciones en las que se encuentran los detenidos”.

Además sostuvo que “hay guadiacárceles que deberían estar, dejan que se hagan “cosas” como malos tratos, vejaciones, de lo cual nos consta a nosotros como abogados. Esta situación vulnera todo tipo de normativa constitucional de derechos humanos”.

Finalmente observó que “las políticas de mano dura para nada son efectivas, al contrario, vienen demostrando que poner mano dura no soluciona el problema de la delincuencia, ni el de la seguridad pública tampoco”.