El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, “ordenó” que intervenga la propia cámara de Diputados en la denuncia que hizo la Dra Liliana Hermosilla. La denuncia fue desestimada por los propios Tuty Amat y Gastón Galíndez, ambos denunciados y, hasta el momento ningún Diputado pidió que los propios denunciados brinden explicaciones y sustento jurídico.

En plena pandemia en la Cámara de Diputados de Salta se desató un festival de nombramientos, en planta permanente y con la máxima categoría. Para poder nombrar a más personas, primero se debían crear cargos. Así es que el 18 de junio del 2020, se ordenó “modificar el organigrama vigente, en los Sectores de la Secretaría Legislativa” y la creación de “el Sector Asesoría Legislativa, dependiente de la Secretaría Legislativa, con la correspondiente Jefatura y Subjefatura”.

Todo esto mientras en Salta se subía los impuestos, porque había que afrontar la crisis, y en la Legislatura provincial, bajo la firma de Esteban Amat Lacroix, presidente de Diputados, se creaban nuevos cargos.

En diciembre la abogada Liliana Hermosilla, quien se desempeñaba como jefa del Área de Asesoría Jurídica de la Cámara de Diputados, denunció que había una serie de irregularidades, como por ejemplo despidos arbitrarios y auto designaciones de cargos de planta política en los más altos niveles de planta permanente (Nivel 10, con el mismo sueldo que un diputado). Esto sin cumplir con ninguna norma como lo exige las obligaciones administrativas de tal naturaleza.

Hermosilla indicó que el Fiscal de Estado Pérez Alsina “hace unos días atendió mi denuncia, que es la misma que se cajoneó en la Cámara de Diputados e iba dirigida a los Diputados, pero la retiene el presidente y los secretarios porque ellos mismos son los denunciados”, aclaró, y explicó que “Como esa denuncia no avanza y está trancada ahí, yo tuve que ir a los resortes jurídicos correspondientes y me fui a la Fiscalía de Estado”.

Ella aclara que el fiscal compartió el dictamen de una procuradora y lo dictaminó, en el sentido de que su dictamen va dirigido a la cámara para que la cámara tome intervención de la denuncia que hizo la doctora Hermosilla y que: “mencionando el expediente que esta retenido y haciendo otras observaciones sobre que este tema lo deben atender los abogados del mismo organismo”.

En este punto Hermosilla se ríe y hace énfasis en la falta de acciones atadas a derecho en el obrar de quienes están en la cúpula de la Cámara de Diputados. Ella no entiende como pueden atender a su denuncia si: “a los abogados nos sacaron hasta por la fuerza pública, a las cinco mujeres que estábamos trabajando en la oficina, las tres abogadas y las dos administrativas. Y pusieron 2 usurpadores, uno sin matrícula. Son usurpadores porque dice la ley de procedimientos administrativos de la provincia (…) que usurpador es el que no está bien designado porque no tiene los requisitos legales”.

“Estos chicos (Amat y Galíndez), ya están denunciados penalmente junto con los designantes, porque el delito es Proposición y Nombramiento de Cargo Ilegal”, afirma Liliana, brindando la explicación a un tema muy complejo de entender y que está bastante manoseado, en parte por el hermetismo de los denunciados al respecto, como también con la complicidad de todo el arco de medios afines al oficialismo provincial.

En este punto, Jarsún asume un rol significante, puesto que “como vicepresidente primero y como dice el reglamento de la Cámara en el artículo 31 ‘únicamente actúa en reemplazo del presidente cuando el presidente está ausente o impedido’, y en este caso está impedido porque él es el denunciado también, entonces tiene que actuar alguien imparcial de la mesa directiva y esto le corresponde primero a Jarsún”.

El denunciado no puede decidir sobre su propia situación, es el ladrón el que se juzga, y por esto, el diputado Ignacio Jarsún en carácter de vicepresidente primero, debería haber tomado la denuncia de Liliana Hermosilla y haber actuado, mínimamente bajando formalmente dicha denuncia a las comisiones correspondiente o a los propios diputados para que actúen según lo dictamina el propio código de la Cámara, en función de la Constitución Provincial.

Una situación de abuso de poder que los fiscales decidieron omitir y no investigar, el propio fiscal Ramiro Ramos Osorio tiene la misma denuncia y no actúa ni interpela a ninguno de los denunciados, el sistema está roto.

De momento, y conforme a derecho, el propio Fiscal de Estado de la Provincia de Salta, a pedido de la Dra. Liliana Hermosilla, ordenó que se le informe sobre lo sucedido en la Cámara de Diputados.

Fuente: La Patriada Salta.