Entre los ajustes sugeridos en el gasto público, sobresalen recortes a los subsidios energéticos y contención en las subas de los salarios públicos.

El FMI remarcó la necesidad de contar con un marco legal que le permita al gobierno traspasar a los usuarios el impacto de la devaluación en las tarifas de electricidad y gas. “Las autoridades deberán aplicar un marco regulatorio para pasar los efectos de la depreciación del peso a los consumidores de gas y electricidad”, indicaron los técnicos del Fondo.

La secretaría de Energía encabezada por Javier Iguacel determinó oportunamente un costo extra para que los usuarios paguen en sus tarifas de gas el impacto que tuvo la devaluación del peso en el costo de la energía. La medida oficial derivó en un fuerte conflicto, de modo tal que el Gobierno se vio forzado a asumir ese costo y dar marcha atrás. La diferencia la pondrá el Estado, con pagos a las petroleras productoras de gas en cuotas, desde octubre de 2019.

El Presupuesto 2019 contempla una reducción en los subsidios energéticos para que las tarifas que pagan los usuarios representen el 90 por ciento del costo de la producción hacia finales de ese año.

Si bien el Presupuesto prevé la reducción de subsidios a los consumidores, el impacto de la devaluación en los precios dolarizados se sintió en las previsiones de gastos.