La presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Salta, que se encuentra bajo arresto domiciliario, estaba citada a partir de las 9 luego de que fuera apresada por una supuesta desobediencia a una orden judicial.

La falta de garantías que padecen las mujeres en Salta se pronuncia durante la Cuarentena y el fin de semana se expuso el siniestro accionar de las fuerzas de seguridad de la Provincia con la detención ilegal de Irene Cari, tras haberse hecho responsable de una adolescente de Tartagal en situación de vulnerabilidad. Horas más tarde le dictaron la prisión domiciliaria.

Con la complicidad del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, la Policía de Sáenz había apresado a los golpes a la activista en un operativo confuso que se produjo a la mañana siguiente de que ésta declarara en una comisaría la situación de la joven y recibiera como respuesta la orden de devolverla en horas de la madrugada al hogar del que había huido y en el que se encontraba por haber sido víctima de violencia familiar durante el aislamiento obligatorio.

Cari denunció que fue detenida «por haber salvado la vida de una niña a la que ni siquiera estaban buscando y por no entregarle (a la Policía) a las 2, 3 de la mañana a la pequeña» y que además la golpearon en plena calle durante la detención.

Inmediatamente a la noticia de la aprehensión de Irene Cari, diversas organizaciones feministas y de Derechos Humanos salieron al cruce por esta situación y pidieron su inmediata liberación, las explicaciones de su encarcelamiento y la dereogación del DNI 255/20, que le da vía libre a las fuerzas represivas de cometer abusos bajo el amparo de «hacer respetar la cuarentena».