Representantes del Gobierno y la Iglesia negocian un entendimiento para modificar las contribuciones estatales al culto.

El Gobierno y la Iglesia Católica argentina avanzan en un plan para modificar el artículo 2 de la Constitución, de forma que el Estado pueda dejar de “sostener el culto católico”, que, durante el 2018, le significó $130 millones, en función de sueldos de los obispos.

Desde agosto, la Conferencia Episcopal y el Ministerio de Hacienda, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Culto iniciaron las mediaciones para que el Estado “genere las condiciones”, para que “cada uno de los fieles de las distintas religiones sostenga a sus iglesias”. El próximo lunes se llevará adelante una reunión plenaria con los obispos.

Las “alternativas” de financiamiento, que analiza el Gobierno, incluye la exención del pago de Impuestos a las Ganancias para todos aquellos que realicen una donación mensual a alguna Iglesia. Sin embargo, fuentes eclesiásticas señalaron que esta maniobra solo alcanzaría a los fieles que estuviesen bajo un sistema de contratación en blanco, por lo que se excluiría a un amplio sector de la economía informal.