Un grupo de concejales capitalinos elaboraron un proyecto para eximir a pymes y comercios del pago de impuestos municipales por cuatro meses. El proyecto de Ordenanza fue presentado por el Bloque Salta Tiene Futuro, a cargo de la Concejal Frida Fonseca.

La propuesta abarca, ademas, la reducción del 50% de los costos de renovación de habilitaciones y la prohibición de clausuras y multas por un plazo de gracia de cuatro meses y la a prohibición de iniciar ejecuciones fiscales y embargos por parte del ejecutivo municipal.

La Concejal Fonseca visibilizo, en una entrevista realizada por vocescriticas.com, ciertas diferencias con el Poder Ejecutivo municipal, y expuso “estas medidas tendrían que haber sido propuestas en principio por el ejecutivo”, y agregó “La verdad que no sé cómo lo van a tomar, pero espero que lo tomen con lucidez y se ayude a uno de los sectores económicos que más puestos de trabajo produce en la provincia.”

Por su parte, su colega Candela Correa aclaró que el proyecto que ella presentará es sobre la Unidad Tributaria que propone detener los incrementos impositivos del 23% a partir de Junio, como se aprobó a fines del 2019. Enfáticamente, la concejal, manifestó su apoyó el proyecto del Bloque Salta Tiene Futuro. “Me parece muy bueno, y va a darle alivio a las pymes y a los independientes” dijo para AM750 Salta.

El concepto de sacar de lo público para darle al privado, no responde al fortalecimiento estatal, tan importante en momentos de emergencia sanitaria. En concordancia, con los últimos anuncios de Sáenz, el peso vuelve a caer sobre el ciudadano en beneficio de los comerciantes y pymes, que también necesitan y reclaman soluciones, pero ellas, no deben ser atendida en decremento del patrimonio público.

Patrimonio publico, que no solo debe destinarse, mediante políticas públicas a la atención y prevención de conflictos económicos, sociales, ambientales y cultural, sino que a su vez también son utilizados para pagar salarios, que se verían potencialmente afectados de dejar a la Municipalidad sin recursos.

De nuevo, el gran interrogante es por que no se están revisando los contratos con aquellos empresarios que hace años utilizan el recurso estatal y ambiental a precios miserables, como agrotécnica fueguina , Cocacola Company, entre otros. Pareciera que las únicas medidas, hasta ahora presentadas, buscarán enfrentar a pobres contra pobres en el nombre de la solidaridad, mientras aquellos que podrían estar aportando se recuestan en los hombros del cuerpo dirigencial.