La Nación hizo publica hoy una orden de compra gestionada para alimentos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que fue polémica porque algunos productos, como aceite, azúcar, harina, fueron pagados a proveedores con precios mayores a los publicados en el programa Precios Máximos.

El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, salio rápidamente a dar algunas explicación, la primera es recordar la situación de emergencia con respecto a dos aspecto: a) que la “Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública” N°27,541, autoriza el sistema de contratación directa a los organismos, nombrados en la misma Ley, Art 9°, y, b) La presión del contexto y la negativa de los proveedores antes de la solicitud de rebaja los precios.

Luego, Daniel Arroyo, recordó que los plazos de pagos son a 30,60 y 120 días, lo cual puede generar que el comerciante deba tener en cuenta ese tiempo para estimar el precio de los productos. Pero quizás lo más importante, es considerar a donde y para quienes son esos alimentos. Hablamos de mercadería que se dispone en comedores y merenderos de zonas vulneradas y vulnerables. En estos tiempos, de emergencia, sanitaria y económica, el precio del hambre puede ser mucho más alto y es más riesgoso en el marco de la pandemia.

Esta situación de tensión entre las prioridades del Estado y el resguardo que toman los empresarios frente a la pandemia, esta generando malestar social y es un alerta que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional. Su postura no puede endurecer al sector, como paso en el 2007 con sector agro-exportador, pero tampoco puede aceptar sin cuestionamiento sus requerimientos. Por su parte, el sector empresarial debería ser mas consciente de la emergencia y la grave condición del país frente al COVID-19.

Lic. Camila Binda