La Corte Suprema de Justicia le pidió informes, además de documentación, tanto al Estado Nacional como a las provincias de Salta y de Jujuy sobre las concesiones para la explotación de litio y borato. La medida se debe a un “amparo ambiental” formulado por comunidades de pueblos originarios. 

La Corte Suprema de Justicia le pidió informes y documentación al Estado Nacional —además de a las provincias de Salta y de Jujuy— sobre las concesiones para la explotación de litio y borato en las Salinas Grandes. Se trata de un “amparo ambiental” formulado por comunidades de pueblos originarios en su carácter de afectadas directas en sus derechos a un ambiente sano, a la vida, al agua y a la autodeterminación.

El máximo tribunal —en un fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti— requirió “copia de todas las actuaciones vinculadas a la exploración y/o explotación de litio y borato en las provincias de Jujuy y Salta y las empresas y/o consorcios vinculadas a las mismas y las proyecciones económicas de tal actividad”. A los gobiernos provinciales les solicitó, además, que precisen qué juzgado Administrativo de Minas o autoridad administrativa intervino en el marco de las concesiones y “las actas de audiencias públicas convocadas y celebradas a tal fin”.

La Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y otras comunidades indígenas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), formularon el amparo procurando que “se ordene suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes”. En ese contexto, pidieron que los gobiernos provinciales de Salta y Jujuy encaren “una gestión integral de la cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc que garantice el cuidado del ambiente y que se efectúe una línea de base de la cuenca y luego la Evaluación de Impacto Ambiental adecuadas para el ecosistema y la actividad en cuestión”.