El pedido de un cobro extraordinario de $5.000 ya fue elevado al Gobierno, mientras las organizaciones sociales aguardan ser recibidas por Carolina Stanley.

Después de firmar el decreto que fija un bono de fin de año de $5.000 para los asalariados y un mecanismo para dilatar los despidos, el Gobierno deberá resolver ahora el pedido de un refuerzo similar para siete millones de jubilados y para los beneficiarios de 10 millones de planes sociales, cuyos ingresos también se vieron afectados por la pérdida de poder adquisitivo.

En el marco del diálogo con Sica, el secretario general de la CGT, Héctor Daer sumó además otros dos pedidos para los jubilados: el adelantamiento a diciembre del aumento previsto para marzo de 2019 (que llevaría el haber a $10.442) por la movilidad, y un bono alimentario por un valor cercano a los $5.000 reintegrable a través de las compras en supermercados, una propuesta que el Gobierno ya intentó aplicar sin éxito a través del descuento del IVA en los consumos con tarjeta.

En cuanto a los planes sociales, por estas horas el Ministerio de Desarrollo mantiene abiertas las negociaciones con los movimientos territoriales. Piden un bono de fin de año y un aumento de emergencia para los beneficiarios de los casi 10 millones de planes de asistencia social, junto con un refuerzo alimentario para los comedores.