La Superintendencia de Salud había publicado en el Boletín Oficial un fuerte ajuste para el sector, el día 7 de abril, la resolución recortaba a la mitad la facturación durante el aislamiento obligatorio para los trabajadores e instituciones que atienden a personas con discapacidad.

La resolución 308/2020 de la SSS establecía que “las modalidades de doble jornada de todas las categorías se contemplaran los valores correspondientes a la jornada simple» y que «la modalidad de jornada simple, independientemente de su categoría, se contemplará la facturación del 50% del valor correspondiente al nomenclador vigente».

Esta publicación despertó el reclamo de instituciones, centros de rehabilitación, organizaciones, padres y tutores, y hasta la diputada Romina Del Plá, del PO-FIT, se movilizó presentando un proyecto de ley para garantizar el pago total de las prestaciones de servicio.

Por lo cual el 10 de abril se llevo a cabo una reunión con el Presidente y el directorio de la Superintendencia de Salud, y se les informó a los representantes de las instituciones que «van a pagar el cien por ciento de las prestaciones incluido el transporte y aseguran la cobertura, saliendo del limbo jurídico en que se encontraba esta situación».